Código Nacional de Policía y Convivencia

¿Seguridad o libertad? es quizá una de las tantas preguntas problemáticas que desde la orilla del Estado constitucional y del respeto irrestricto de las garantías y derechos constitucionales fundamentales, trae consigo el marco normativo contenido en la Ley 1801 de 2016. En efecto, desde la academia son muchos los aspectos discutibles y problemáticos que se vienen poniendo en evidencia en relación con el Código Nacional de Policía y Convivencia, pero ellos, desde un enfoque estrictamente jurídico, pueden ser reconducidos al dilema entre ¿seguridad o libertad? y, según hacía donde se incline la balanza, ello tiene implicaciones constitucionales y legales que van más allá de evidenciar falencias operativas y técnicas en su implementación, así como la necesidad o no de actualización del Código Nacional de Policía contenido en el Decreto 1335 de 1970.
Desde esta perspectiva, la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 mediante el cual se espera, mediante un discurso más simbólico que real, conjurar los graves problemas de violencia, intolerancia, convivencia, toma de la justicia por propia mano de los ciudadanos y seguridad que vive el País, resulta imperativo hacerle frente a las tensiones constitucionales que supone su implementación, particularmente si se tiene en cuenta que mediante dicho código se regulan y limitan libertades ciudadanas por la actividad de policía.