Especialización en Derecho Procesal y Litigio Estratégico

El Especialista en Derecho Procesal y Litigio Estratégico
estará en capacidad de:

Dominar a profundidad las normas jurídicas y usarlas estratégicamente en aspectos procedimentales y probatorios en los procesos civiles, penales, laborales y administrativos, de responsabilidad fiscal, disciplinaria y policía para proponer soluciones a conflictos de interés público, que tengan un impacto social y fortalezca la defensa de los derechos humanos.

Título de abogado y haber completado la formación jurídica básica, con un dominio de los fundamentos del derecho.
Experiencia laboral previa en el campo del derecho, especialmente en áreas relacionadas con el derecho procesal, litigio o resolución de conflictos.
Un sólido conocimiento de los conceptos y principios fundamentales del Derecho procesal.
Habilidades analíticas y de razonamiento jurídico.
Capacidad para realizar investigación jurídica, incluyendo la habilidad de encontrar y analizar jurisprudencia relevante, así como redactar documentos legales claros y precisos.
Sensibilidad hacia las problemáticas sociales y un compromiso con la justicia. Se valora la capacidad de comprender y abordar los desafíos legales desde una perspectiva amplia, considerando el impacto de las decisiones jurídicas en la sociedad.

Especialista en Derecho Procesal y Litigio Estratégico.

Desarrollar en el estudiante habilidades para el litigio estratégico, la administración de justicia y la resolución de conflictos como conciliador o árbitro, preparándote para destacar en cualquier contexto legal.

El Especialista en Derecho Procesal y Litigio Estratégico podrá desempeñarse en los siguientes cargos:
• Juez o magistrado, en las distintas áreas del derecho.
• Fiscal.
• Abogado de la Defensoría del Pueblo o litigante, en las distintas áreas.
Como asesor en materia procesal en las siguientes ocupaciones:
1. En cargos jurídicos de la administración del Estado, en sus distintos poderes y niveles.
2. En cargos que suponen un ejercicio del derecho en actividades de litigio, consultoría o asesoría, al igual que en cargos en empresas privadas.
3. En cargos o en labores independientes, que no suponen el ejercicio profesional del derecho, pero sí la posesión de conocimientos jurídicos que permitan la interrelación con actores con atribuciones en ese campo.
4. En altas posiciones en el gobierno o la administración, como funcionario o consultor, que demandan conocimientos o competencias en el ámbito del derecho.

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